Uno de los puntos más controvertidos del reajuste del sector público será sin duda lo que la oposición calificó como “una norma de amarre”: se trata de una disposición que incluyó el actual Gobierno y que limitaría futuros despidos de los funcionarios del aparato estatal.
La medida compromete directamente a la próxima gestión que encabezará el presidente electo José Antonio Kast; y ha generado un fuerte rechazo en la oposición, que acusa que se busca asegurar la permanencia de “los amigos y operadores políticos de esta administración”.
La “norma de amarre”
El reajuste del sector público no ha estado exento de polémicas.
El proyecto aún no ingresa formalmente al Congreso y ya quedó sin el respaldo de dos de las 16 organizaciones de la mesa del sector público, porque la propuesta del Gobierno no los dejó conformes.
Pero entre los puntos que sí tuvieron acuerdo transversal destaca una norma que garantiza una mayor estabilidad laboral los trabajadores del aparato estatal.
Lo anterior, se trata de una disposición que comprometería directamente al próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast, ya que apuntaría a restringir el despido de funcionarios.
La petición de incluir ese punto fue hecha por los propios gremios y no deja de ser polémica.
La norma dispone que lo siguiente:
La no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República (segundo piso), delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, sustentado en criterios objetivos y acreditables”.
